Sierra nevada de Santa Marta

La conservación como mecanismo de reinserción en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción en Colombia.

Dentro de las políticas de víctimas del conflicto armado colombiano que se están desarrollando actualmente, el medio ambiente ha brillado por su ausencia. Las consecuencias que ha dejado el conflicto en él no se han medido dentro de las repercusiones económicas de este y mucho menos se ha planteado política alguna para recuperarlas.

Desde hace algunos años se ha venido dando un proceso de desmovilización, desarme y reinserción (DDR) de grupos como los paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos procesos se han venido dando en medio del conflicto con otros grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que nuestro panorama social tiene características de posconflicto y de conflicto. Diálogos como el de los paramiliatares y el de las AUC dejaron un ambiente de desconfianza generalizado en la población ya que no fueron claras las penas y mucho menos las comisiones de verdad y reparación, donde solo con decir que iban a confesar los guerrilleros tenían acceso a los beneficios jurídicos de la ley de garantías, y sin embargo al final quedaban los mismos interrogantes. El poder de facto de los paramilitares aun continúa, y su medio de financiación, el narcotráfico, es una fuerza creciente en el campo que devasta ecosistemas completos y que luego crea una guerra de bandas criminales en el interior de la ciudad. Como menciona Antonio Campos Polaina en su libro sobre posconflicto colombiano: El proceso de negociación dejó muchos aprendizajes y amargas experiencias que posiblemente se trataron de subsanar extraditando a los principales jefes, a rendir cuentas a los tribunales norteamericanos en medio de una crítica ácida, al observar que las extradiciones se hacen sin haber cumplido cumplido con la ley de justicia, verdad y reparación, aunque con la ingenua promesa de que, simultáneamente, irían confesando, reparando y pagarían las mínimas penas. El proceso inconcluso administrado como hacienda deja fuerzas emergentes, narcotraficantes, personajes en la clandestinidad, libres por vencimiento de términos, instituciones y personas severamente cuestionadas, presiones a las cortes, muertes selectivas. Exilios, destierros, desaparecidos y finalmente un Estado con matices de totalitarismo. (Polaina, Antonio. Postconflicto colombiano. 2009:141)

Para que un proceso de desarme, desmovilización y reinserción sea exitoso debe tener un proceso de negociación anterior que sea estructurado y tenga en cuenta las variables que puedan llevar a la reincidencia en el conflicto. Paul Collier, investigador del Banco Mundial, menciona que los grupos armados son negocios que se aprovechan de la situación específica, de ausencia del Estado, características geográficas, oportunidades económicas y se apoyan en alguna ideología, pero su base es la financiación: Un movimiento de protesta, por ejemplo, depende de miles de personas que se reúnen un par de días en las calles. Un movimiento político depende económicamente de las personas que a él pertenecen. Mientras los movimientos insurgentes son un ejército que trabaja día y noche. Hay que vestirlo, alimentarlo y alojarlo. Sus jefes tienen que hacer muy buenos negocios para financiar esas actividades…De donde salen estos altos ingresos? Pues bien, provienen de dos grandes fuentes, y ambas dependen indirectamente de los recursos naturales y los commodities. (Collier, Paul. Hacia una economía sostenible: Conflicto y posconflicto en Colombia.2003:130). Es así que la primera función para una negociación según este autor depende de que la financiación del grupo armado no sea sostenible y así poder negociar. Si las ganancias del conflicto continúan a la mano, la buena voluntad no es un buen inicio para generar dicha negociación, Colombia ya lo vivió con las mesas de negociación del Caguan. Un caso que vale la pena mencionar y que puede servir para entender el proceso de DDR que debe seguir Colombia es el caso de Angola. En este país al igual que en Colombia los grupos armados se financiaban con los recursos naturales del país, en ese caso los diamantes. Tan pronto como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se dio al trabajo de rastrear estos diamantes e ilegalizar la compra a nivel internacional, las fuentes de financiación del movimiento UNITA se cerró y un grupo que era mucho mayor que los insurgentes colombianos negoció la paz con el gobierno, casos similares se presentaron en Sierra Leona y Sri Lanka. La financiación de los grupos insurgentes en Colombia es principalmente el narcotráfico, la extorsión y a menor escala la extracción minera. El uso de testaferros es otra variable que vuelve complejo el panorama y hace difícil rastrear las fuentes de financiación. Los grandes consumidores a nivel mundial de narcóticos son Estados Unidos y Europa, y su política es de restricción por lo que lo que la financiación debe ser abordada desde la política internacional y no solo interna. Una política agraria integral y con alternativas para los reinsertados, que sea sostenible económicamente debe plantearse en los actuales procesos de paz, de lo contrario los cultivos ilícitos y la minería ilegal seguirán siendo las fuentes de financiación del conflicto, y otras formas de este emergerán tarde que temprano.

En cuanto al inicio de un proceso de DDR, este debe tener un fuerte componente social, no solo por el beneficio que trae a la población y a los reinsertados, sino porque es un periodo donde las partes involucradas en el conflicto, con la desconfianza propia de estas, debe percibir el compromiso social y no una escalada armamentista que desencadenaría un conflicto nuevamente, esto fue lo que sucedió en el Salvador de los noventa cuando se descubrió que los insurgentes tenían caletas de armas, para ser usadas en caso de que no se cumplieran los acuerdos, y el proceso de paz se vio comprometido.

¿Y por qué debe una situación de posconflicto ser especialmente sensible a las políticas económicas de inclusión social? Eso lo voy a responder con mi último punto que les quiero plantear. Y mi último punto es la mala noticia del posconflicto. La mala nueva es que mundialmente se da una trampa; eso quiere decir que cuando un país ha vivido un conflicto, una recaída es muy probable, aun cuando ya se haya alcanzado la paz. Por consiguiente es importante tomar conciencia de la existencia de esta trampa del conflicto. Hay dos razones que explican su existencia: Lo primero es que infortunadamente, pero de manera muy realista, mucho de los participantes en la violencia no tienen interés alguno en la paz. Sus destrezas son destrezas violentas, y de hecho les va muy bien con la violencia. La segunda razón es un poco más sutil, y es que cuando se negocia la paz entre el gobierno y el grupo insurgente, ninguna de las partes, como es lógico suponer, confía en la otra. (Collier, paul…2003:138). El comienzo del posconflicto es entonces una etapa muy débil que debe ser pensada para evitar las reincidencias, la desmovilización paramilitar es muestra de ello, la atomización de la delincuencia común en las ciudades después de la desmovilización de estos es una muestra de un proceso mal estructurado.

Aunque Colombia ya tiene sus propios aprendizajes en procesos de desmovilización, desarme y reinserción, casos como el del Salvador merecen la pena ser mencionados para analizar características que hicieron de este proceso uno exitoso, sin dejar de lado el hecho que el conflicto colombiano no es comparable a este. Lo primero que vale la pena destacar es que se dio un apoyo de todas las instituciones del país al proceso y se creó un estamento encargado de administrar el proceso y hacer las sinergias necesarias entre otras unidades, esto llevó a que el proceso fuera bastante flexible y durante la negociación, con el ánimo de hacerla ágil, no se trataran temas específicos del proceso. Aunque lo anterior puede ser un arma de doble filo, pues no se tienen las garantías claras, dio flexibilidad a nivel gubernamental para ir adaptándose a las necesidades. La prontitud en resolver el conflicto, que llevaba doce años, y la clara comunicación evitó la politización de este, legitimándolo ante la sociedad civil. Finalmente se creó un portafolio amplio de opciones económicas para reintegrar a los subversivos a la sociedad y hubo una activa participación del sector privado. Otras de las características destacables del proceso es que las cabecillas continuaron con el mando de los subalternos y les pasaban la información del proceso, por lo que la cadena de mando se mantuvo, así mismo las garantías se dieron conforme al nivel de mando de cada persona lo que facilito los diálogos. No existen fórmulas únicas para los procesos de desmovilización y desarme, y Colombia puede estar creando una propia, sin embargo ya denotamos algunas acciones no deseables: la politización del proceso de paz, la poca comunicación a la sociedad, que deslegitima el proceso y la capacidad institucional colombiana que pone en tela de juicio lo que podría suceder si eventualmente se firma la paz. De todos modos, queda claro que el compromiso es colectivo y se requiere apoyo del sector privado, pero buena parte de la responsabilidad administrativa recae sobre el Estado, lo que hace urgente pensar en su capacidad institucional. (Guaquetá, Alexandra. Desmovilización y reinserción en el Salvador.2005)

No todo es negativo, Colombia ha innovado en su forma de enfrentarse al conflicto, la ley de víctimas es muestra de ello y es ejemplo en el mundo, el proceso de devolución de tierras aunque con obstáculos es una muestra de la voluntad política de resarcir a las víctimas, y esto debería ser una muestra a los insurgentes de que por lo que han luchado se está cumpliendo, aunque su lucha ya no sea esa. Queda mucho por hacer y las débiles instituciones colombianas deben prepararse para no colapsar en el proceso. La responsabilidad como se mencionó anteriormente es de todos y el último jugador, y no por ello menos importante, es el sector privado de nuestro país, pues es él quien debe apoyar el reingreso al sector productivo de los insurgentes, ya que sin una perspectiva económica estable no hay paz posible. La responsabilidad es mayor e imperativa para un sector que se ha desarrollado en medio de un conflicto y que incurre en gastos por culpa de este, desde el impuesto a la guerra hasta los atentados contra diversos activos de las compañías: Así mismo, el 44% del total de empresas encuestadas señaló haber enfrentado problemas relacionados con el conflicto armado: incremento de gastos en seguridad (19,6%), pérdida de mercancías (19,6%), reducción de las ventas (12,18%), pérdida de clientes (9,41%) y amenazas o atentados contra los empleados (11,9%). (Puentes, Angela et al. Reinserción económica y sector privado en Colombia.2009:10).

El compromiso que en las últimas décadas han adquirido las empresas con el medioambiente debe estar en las propuestas económicas que el sector privado debe aportar para el proceso de reinserción. También como medio para resarcir aquello que destruyeron los actores armados. El sector privado en conjunto con el público debe pensar maneras de participar del proceso de DDR y el empleo no puede ser el único mecanismo. La financiación de proyectos, el apoyo a cooperativas y la formación deben ser analizados como mecanismos de reinserción. El uso de los conocimientos de armas y de defensa no puede ser utilizada, ya que la legislación colombiana prohibió a los excombatientes el porte de armas. Aun queda mucho por estructurar, procesos pasados como el de las AUC y el de los paramilitares demostraron que un proceso de desarme, desmovilización y reinserción mal planeado puede llevar a otros conflictos, que es lo que estamos viviendo en las ciudades.

Las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, Parques Naturales de Colombia y organizaciones no gubernamentales, deben estar atentas en este proceso de paz, del cual no han sido partícipes, pero que de él depende el futuro de muchas zonas de reserva de nuestro país y los procesos de recuperación de ecosistemas que han sido devastados por la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la guerra. La aproximación debe ser asimilada de manera integral, como se ha venido haciendo desde Parques Naturales de Colombia, no con una visión de exclusión, sino con un proceso integral que entiende la dinámica entre población, territorio y recursos.

Durante las últimas semanas hemos llevado a cabo un análisis de las diferentes variables que afectan la conservación de un territorio. Comenzamos con una descripción general, luego vimos como esta se estructura a nivel global a través de parques y otras figuras jurídicas. Pasamos luego a un análisis latinoamericano, hasta llegar al caso particular de Colombia.

Las aproximaciones a la conservación en nuestro país, al igual que el análisis organizacional, se realizó a través de la mirada de los grupos de interés en el tema (lamentablemente todavía incluye a grupos específicos y no a la sociedad en general). La estrategia perseguida por la Unidad de Parques Naturales de Colombia se ha alejado de la mirada aislacionista que se tiene en el mundo desarrollado, pero que está lejos de la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos. En nuestros parques naturales tenemos una guerra que se desarrolla hace cincuenta años, hay grupos indígenas que luchan por mantener su legado cultural sin ser abandonados en el proceso modernizador del Estado y conviven comunidades afrodescendientes en medio de condiciones de pobreza extrema, que solo pueden subsistir de la explotación de los recursos naturales. El ejercicio de ver desde los ojos de cada uno de estos grupos los retos que tiene la conservación en nuestro país evidencia la complejidad del tema. El conflicto y posconflicto como última etapa del análisis es la coyuntura actual de nuestro país y es la oportunidad para integrar al debate un tema que ha sido excluido y que se toma como algo que corresponde a unos pocos y la responsabilidad social empresarial.

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