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La territorialidad del conflicto

Durante todos los artículos se ha mencionado el conflicto como una variable decisiva en la política de conservación del país, afectando no solo a la Unidad de Parques Naturales de Colombia, sino a las comunidades, sector privado y otros grupos de interés, como las ONG. La conservación no ha sido ajena a este proceso que en Colombia involucra de forma muy cercana el territorio, pues fue por la tierra que comenzó dicho conflicto.


La mejor forma de conservación, como se ha argumentado en los artículos anteriores, es aquella que se desarrolla desde lo local, y que entiende a la comunidad como miembro inherente del proceso para generar lógicas de conservación que incluyen territorio, comunidad y recursos naturales. El conflicto colombiano ha afectado tanto a las comunidades, como a sus recursos naturales y los territorios, por lo que la conservación y las áreas destinadas a estas (Cualquiera que sea la modalidad jurídica que se use) dependen para su buena gestión de los efectos que el conflicto pueda tener sobre cada variable.

El actual proceso de paz nos enfrenta, como país, a la perpetuación del conflicto o al comienzo de su terminación. Entender la territorialidad del conflicto es fundamental para generar iniciativas y políticas de conservación con miras al desarrollo social de aquellas comunidades que más han sufrido sus consecuencias. El Congo ha logrado, de manera más o menos exitosa, desarrollar políticas de conservación durante los periodos más álgidos del conflicto interno de esta nación:

Los conflictos de 1996 y 1998 exacerbaron y aumentaron la destrucción de los ecosistemas, y condujeron a la explotación ilegal y al sistemático saqueo de recursos, tanto en tierra (café, madera, marfil, etc.) como de recursos subterráneos (coltán, oro, diamantes). Las armas proliferaron y los guardas y gerentes del ICCN fueron asesinados por bandas de maleantes. Para salvar los sitios de Patrimonio Mundial amenazados, el ICCN propuso al Centro del Patrimonio Mundial la realización de un proyecto encaminado a prestar apoyo a la gestión de la biodiversidad en tiempos de conflicto. Este proyecto, de cuatro años de duración, cuenta con un presupuesto global de 4.180.957 dólares, de los cuales 2.902.024 fueron contribuidos por la Fundación de las Naciones Unidas (FNU). (Baliruhya, Eulalie. Conservación en tiempos de conflicto. Revista nuestro planeta.2002)

Colombia, al igual que el Congo, ha logrado continuar el proceso de conservación, con los obstáculos que supone, para aquellos que se encargan de cuidar de cada región, proteger los recursos naturales en medio de combates y con las necesidades apremiantes de comunidades enteras que se sirven de los recursos a la mano para sobrevivir. Sin embargo tener en papel una de las legislaciones más avanzadas en conservación no garantiza la sostenibilidad de estas áreas, más cuando no hay presencia del Estado en estas zonas y son los frentes guerrilleros quienes tiene el control, con la consecuencia de disponer los recursos naturales de las regiones bajo las cuales reinan.

Cuando nos referimos a la territorialidad del conflicto nos referimos directamente al desarrollo del conflicto colombiano desde lo local, es decir a una guerra de guerrillas que luchan por mantener el control sobre regiones limitadas. Existe amplia bibliografía acerca del comienzo del conflicto colombiano, la defensa de la propiedad campesina fue uno de esos ideales antaño defendidos por estos grupos que en su momento podían denominarse insurgentes. Ahora la tierra y el conflicto tienen una relación íntima frente a la economía del narcotráfico, que a su paso va dejando comunidades empobrecidas que son explotadas como mano de obra y ecosistemas perdidos, utilizados para la siembra de coca o la extracción de coltán, sin mencionar los enfrentamientos entre guerrilla y fuerzas armadas. Sin embargo hablar de la guerra o conflicto interno de Colombia nos enfrenta al estatus que tiene este, pues el postconflicto se enmarcará en la denominación que se le ha dado a la problemática actual. Uno de los grandes retos, si se llega a generar un acuerdo, es la del trato de las víctimas dado que los gobiernos han sido reticentes a denominar el conflicto colombiano como tal, por las implicaciones y la legitimidad que se le puede dar a los “terroristas” como se les ha denominado en la última década. Según el Tratado De Roma, la definición se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos (Tratado de roma, párrafo 2). La importancia de la denominación, en palabras de Juan José Ferro en su artículo “Existencia de un conflicto armado, ¿quién decide?, radica en que la naturaleza del conflicto determinará el régimen jurídico aplicable a los actos cometidos. El hecho de no denominar a la problemática colombiana como conflicto armado interno evitará que muchas víctimas sean resarcidas, y para el caso particular, el daño irreversible a ecosistemas será una de las víctimas que seguramente quedará excluida.

Pasando de la definición a la verdadera problemática en Colombia, el conflicto armado de guerrillas ha encontrado en lo territorial, entendido como los pueblos y municipios, un fundamento para expandir su modelo económico y de violencia. El problema inicial de tierras y gamonales, que encontró en las diferencias partidistas de los años 50 una excusa para atomizar la violencia, con el objetivo de exigir reivindicaciones de equidad, que luego incluyó el modelo de narcotráfico, generó el verdadero conflicto colombiano que es una mezcla de conflictos locales adaptados a las realidades de cada región en Colombia. Así lo menciona Fabio Velásquez Carrillo el compendio de ensayos “Territorio, conflicto y gestión pública en Colombia: Una mirada desde lo local” donde afirma que el accionar del conflicto desde lo local ha adoptado tres modelos: el control político electoral, control sobre la gestión municipal y control territorial. Estos territorios se convirtieron en las zonas rojas: La zona roja representa el enclave violento revestido de naturaleza, ausente del pleno mandato de los partidos tradicionales, expuesto a la agitación y a la protesta social, propicio para el accionar de las guerrillas..(Dimas, Serna Adrián. Conflicto y región en Colombia.2009:19)

Un conflicto que es diferente en cada municipio y que en Cuba difícilmente está representando los intereses de los grupos armados de cada región, enfrenta significativos impases en cómo las victimas van a ser resarcidas. Entre ellas las zonas de conservación que hasta el día de hoy hacen de campo de batalla y de víctima, de no darles la relevancia que merecen seguirán empobreciéndose y junto a ellas las comunidades que las habitan. El desarrollo local y el papel de los alcaldes y gobernadores será el diferenciador para saber si la pobreza y la explotación se quedan o se superan en un proceso de paz que dista mucho de dar soluciones a todas las problemáticas sociales de Colombia.

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