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Tierra en un escenario de posconflicto en Colombia

Bien lo menciona la ONU en su “Kit de herramientas y orientación para la prevención y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales”, que es un artículo realizado en convenio con la UE: La relación de tierra y conflicto, independientemente del contexto y el escenario, es una relación complicada. Por ejemplo, “los asuntos en torno a la tierra han tenido un papel significativo en todos menos en tres de los más de 30 conflictos internos que han tenido lugar en África desde 1990” [1].

Por supuesto, Colombia no es ajena al flagelo que implica esta indeseable relación tierra-conflicto. Un argumento es el orden que, en la agenda del proceso de paz actual, tuvo el tema agrario: Política de desarrollo agrario integral[2], como primer punto en la mesa de diálogos. No en vano, se puede establecer la estrecha relación entre filiación política, territorio y pertenencia a “repúblicas independientes” en tanto las guerrillas, las Farc, en particular, se presentan como defensoras del campesinado que encontraba salida en la coca, una vez excluído o despojado de sus tierras y derechos ciudadanos en sus lugares de origen.[3] Palacios (2012).
Si bien es cierto que el marco de carácter jurídico y conceptual que comprende esta temática es bastante amplio, son a mi juicio dos los aspectos más importantes que requieren de un análisis más profundo. Estos son los de: tenencia y propiedad de tierras, por un lado. Mientras tanto, el siguiente aspecto se refiere a la restitución de tierras.
Lo anterior se argumenta sobre la base del proceso de confrontación armada al que lleva sometido nuestro país y que le ha implicado más de cincuenta años de conflicto. Y una de las consecuencias inevitables que genera lo anterior se asocia al desplazamiento que, entre otras cosas, progresivamente redunda en procesos de desarraigo. Respecto de eso la ONU menciona: “En períodos de inseguridad, las controversias a causa de la tierra pueden volverse cada vez más violentas, dándose la posible consecuencia del desplazamiento de una parte de la población[4]”. Así como la matanza de poblaciones inocentes que lleva al desplazamiento de los sobrevivientes.
En segundo lugar, como parte del reingreso a la sociedad civil de los integrantes de los grupos insurgente implica más que un sometimiento a la justicia, el hecho de actuar en procura de devolver todas aquellas propiedades de las que fueron despojados, entonces el tema de la restitución adquiere una relevancia que debe estar a la altura de las necesidades de aquellas personas que debieron abandonar sus predios buscando salvaguardar su integridad. Así las cosas, un dato de suma preocupación que expresan fuentes como la del periodista de CM&, Mauricio Gómez, expresan que el 60% de la población desplazada no tiene títulos registrados.[5]
En suma, estos dos ejes que tan solo ha de ser una pequeña parte de lo tratado en la mesa de conversaciones en el aspecto agrario, hace parte de la maraña que implicará para las partes acuerdos inevitables en pro de llegar acuerdos concretos para la consecución de la paz. Sin embargo, la parte más agrave de ese asunto es el telón de impunidad que para ambos casos, eventualmente traerá dicho acuerdo en donde probablemente no se llegue a una reparación satisfactoria en términos de tierra, restitución y propiedad.

[1]Organización de las Naciones Unidas (Onu) http://www.un.org/es/land-natural-resources-conflict/pdfs/GN_Land%20and%20Conflict.pdf. Consultado el 26 de Enero de 2014.

[2]Mesa de Conversaciones Gobierno de Colombia-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf. Consultado el 26 de Enero de 2014.

[3] PALACIOS Marco. Violencia Pública en Colombia 1958-2010. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición, 2012. Capítulo 1, Páginas 54 y 60.

[5] Crónicas de Mauricio Gómez, Noticiero CM&. http://www.youtube.com/watch?v=tUt1CcYjFbc. Consultado el 26 de Enero de 2014.

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