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Economía Política de los Recursos Naturales en Conflicto.

La economía política es entendida o conocida como “la ciencia que trata del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en la sociedad humana, en los diversos estadios de su desarrollo”[1]. Y, al título del presente artículo, quise aludir basándome en un documento escrito por una alianza entre la Unión Europea y la ONU denominado: “kit de herramientas y orientación para la prevención y gestión de conflictos de tierras y recursos naturales”.
Los autores, en el aparte mencionado indican que “investigadores como Collier y Hoeffler (2002) argumentan que las guerras civiles hoy en día no son provocadas por reclamaciones —tales como la desigualdad u opresión—, sino por la avaricia, es decir, por la búsqueda de incentivos económicos por parte de los insurgentes o de los actores estatales. Otros, como Ballentine y Sherman (2003) y Douma (2003) sostienen que la “avaricia” y la “reclamación” interactúan de manera diferente para contribuir al conflicto y para dar forma a la duración, intensidad y carácter del conflicto.”[2]
Pero teniendo en cuenta las perspectivas traídas a colación, a propósito de la coyuntura actual de un proceso de negociación para superar el conflicto Colombiano, se hace necesario analizar el hecho de que la manera en que se han llegado a establecer las relaciones sociales de producción en nuestro país no han sido precisamente bajo la premisa que determina la teoría. Es decir, bajo un régimen de distribución equitativa para el sinnúmero de afectados que ha implicado la violencia para el capo en nuestro país.
Y uno de los aspectos que me permite argumentar lo anterior lo indica precisamente el diario el Espectador, a propósito de la “minibonanza” cafetera que está viviendo dicho sector agrícola por esta época. Pero al ser el sector cafetero transversal tanto a la economía, así como los procesos de continuos de conflicto en Colombia, el solo apreciar cómo se distribuye la riqueza o los subsidios en este sector de cuenta de la manera no solo en que se genera detrimento al patrimonio de la Nación, sino que, indirectamente, se genera conflicto: “En sólo una semana de operación, el nuevo PIC (Protección al Ingreso del Caficultor) ya ha beneficiado a 61.657 cafeteros que han recibido $16.384 millones. Sin embargo, la sombra de la corrupción sigue tras esos recursos, al punto que la Contraloría General alertó sobre la presencia de “cafeteros fantasmas” que están cobrando el subsidio, restando oportunidad a pequeños cultivadores que aún no reciben esa ayuda.”[3]
Así las cosas, lo anterior muestra que las leyes económicas, no obstante su efectividad para pronosticar, en la teoría, los resultados a los que debieran llevar a una adecuada distribución, lamentablemente son otras las consecuencias cuyos rezagos no son solo más pobreza en el campo, sino que además es el corolario de la violencia en nuestro país.

[2]Kit De Herramientas Y Orientación Para La Prevención Y Gestión De Conflictos De Tierras Y Recursos Naturales. Alianza Unión Europea- Organización de las Naciones Unidas. Página 34

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