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Los riesgos ambientales de la Paz

El miércoles 09 de noviembre se llevó a cabo el Día Paiz, una jornada que decretó la Universidad para que los profesores y alumnos participaran en varios espacios de discusión, reflexión y convivencia sobre el tema de la paz, teniendo en cuenta la conyuntura política actual del país. Entre los foros que participé, me pareció interesante el planteamiento de una mesa redonda entablada por los profesores de la Faculta de Administración Germán Andrade, también investigador del Instituto Humboldt, junto con su colega Manuel Rodríguez, quien fue el primer Ministro de Ambiente del país. La discusión entre el público y los profesores se centró en la protección y la restauración del medio ambiente después de los daños de la guerra y dentro del marco de la construcción de paz.

Dentro de lo discutido, los profesores plantearon que no se puede decir que la guerra ha traído conservación o que ha traído destrucción, pues son planteamientos simplistas, ya que ha habido un evidente reordenamiento del país y del territorio de una manera compleja por este fenómeno. Por ejemplo, existen áreas de algunos parques naturales, como la Macarena o Tinigua, que están minados o simplemente ocupados autoritariamente, lo cual ha frenado la ocupación civil de estos territorios. Sin embargo, a la vez, las FARC y otros actores armados han colonizado por medio de las armas varios recursos naturales, como el Río Guayabero en el Meta o Catatumbo en el Putumayo, y han contaminado a través del vertimiento de petróleo en sus aguas, después de atentados en contra de algunas multinacionales de hidrocarburos. Igualmente, esto sucede con el balance entre la deforestación que realizan las guerrillas para sus cultivos ilícitos, frente al aislamiento de los mercados legítimos que no han podido permear la mayor parte del territorio colombiano y transformar los ecosistemas. Entonces, es muy difícil discernir si la guerra es cómplice de la destrucción del medio ambiente o lo contrario, más aún al tener en cuenta que, a pesar de cargar con más de 50 años de guerra, Colombia es un país que se destaca a nivel latinoamericano en el desempeño ambiental, según índices del EPI[1].

En este sentido los Acuerdos de Paz podrían ser una caja de pandora que pueden poner en riesgo la ecología del país, pues la activación económica de los sectores que suponen potencializarse al firmar los Acuerdos pueden venir acompañados de un alto riesgo de deforestación. Como evidencia, Germán Andrade trajo a colación el caso del departamento de San Martín en Perú, después de la derrota que sufrió la guerrilla Sendero Luminoso hacia finales del siglo pasado. Luego de haber vivido por varios años la guerra, San Martín tuvo un auge económico donde pudieron integrarse muchos mercados que antes no eran viables en la zona. A partir de este momento, San Martín ha presentado las mayores tasas de deforestación de este país y ‘la mano invisible’ ha acabado con ecosistemas amazónicos que son fundamentales para los ciclos biológicos de la Tierra. Ahora bien, esto puede suceder en una gran parte del territorio colombiano si no se crea toda una institucionalidad sólida que acompañe a los Acuerdos de la Habana, ausente en la literatura que han presentado las partes hasta ahora.

En efecto, por ahora no hay ninguna propuesta de reordenamiento institucional para que la Paz traiga los beneficios o dividendos ambientales, que además han sido parte de la promesa de los Ministerios. Lo que está en juego hoy en las áreas del conflicto son 15 millones de hectáreas representadas por mosaicos de selvas deforestadas, producto de las economías de la guerra como el cultivo de la coca. Esto es lo que constituye la frontera agrícola que plantea el Gobierno para el futuro desarrollo rural; así pues nace un dilema en los usos del territorio sin un control estatal, pues el bienestar económico de la población sin una institucionalidad que cuide los ecosistemas puede liberar consecuencias ambientalmente desastrosas.

La conclusión que plantea entonces el profesor Andrade es que, si bien Colombia cuenta con 17 millones de hectáreas protegidas que no pueden ser tocadas por sectores productivos, el fracaso de Colombia en su política de uso sostenible de la tierra no puede extenderse en el post-acuerdo. En cambio, es inminente que existan cambios estructurales que incluyan la biodiversidad de los bosques colombianos en las cadenas productivas que se pretenden desarrollar y no se dejen a la suerte de las fuerzas económicas del momento. Desafortunadamente, por ahora, en las economías campesinas que se pretenden consolidar para el post-acuerdo, no hay elementos de ordenamiento o de planificación que le garanticen al país que como mínimo la biodiversidad que existe hoy en día permanecerá o mejorará. Según Andrade, existen actualmente proyectos que pueden ser un buen ejemplo para el desenlace agrícola, como acuerdos campesinos de cooperativismo en la vertiente oriental de la Serranía de San Lucas, en el Medio Magdalena, que pretenden hacer toda una gestión social responsable y sostenible en torno a los bosques de su territorio. Asimismo, existen otros incentivos de entidades privadas, que nacen a través de programas de mercadeo con causa o otras figuras de valor compartido, como BanCO2 de Bancolombia, que permite a cualquier ciudadano donar dinero a una bolsa virtual que se reparte entre campesinos que son subsidiados para cuidar el medio ambiente y de este modo, garantizarles un buen vivir sin tener que recurrir a costos de oportunidad que los lleve a sacrificar ecosistemas. No obstante, estos programas son transitorios, no son sostenibles en el largo plazo y no pueden controlar un territorio tan complejo y diverso como el de Colombia.

En fin, en medio del siglo XXI, con contingencias ambientales tan palpables, los Acuerdos son ciegos frente al medio ambiente, pues les hace falta reconocer el valor ecológico del territorio colombiano, dividido en las denominadas “tierras” que sólo tienen en cuenta su productividad y la economía. En este sentido, se está olvidando que estas tierras cuentan con complejos sistemas naturales que son caracterizados por paisajes, ríos, quebradas, bosques o vegetación, y que son un beneficio potencial para la humanidad. Es cuestión de una mejor gestión del conocimiento, instituciones ambientales sólidas, menos intereses económicos y mayor voluntad política.

Escrito por Andrés Garcés

Bibliografía

Mesa Redonda “Sí Paz: Sí Medio Ambiente”. Día Paiz. Mediada por Manuel Rodríguez y Germán Andrade.

[1] El Environmental Performance Index (EPI) es un índice desarrollado por la Universidad de Yale que mide el desempeño de los países en cuanto a los asuntos ambientales de alta prioridad y está basado principalmente en dos áreas: protección de la salud humana y protección de los ecosistemas

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